Qué hacer si tu expareja no paga la pensión de alimentos de tus hijos, paso a paso

El impago de la pensión de alimentos por parte de la expareja no obliga al progenitor acreedor a asumir la situación ni a prolongar indefinidamente una negociación. La sentencia o el convenio regulador constituye un título ejecutivo y el juzgado puede embargar la nómina, las cuentas y los bienes del deudor para satisfacer lo adeudado. Además, el impago reiterado puede constituir delito y, cuando no se logra cobrar, el Estado adelanta hasta 300 euros mensuales por hijo. Repasamos qué hacer y en qué orden.

Actuar con rapidez resulta determinante, porque cada mes de retraso incrementa la deuda y aproxima el plazo de prescripción de las mensualidades más antiguas. En EG Servicios Jurídicos asesoramos y representamos a los progenitores en la reclamación de pensiones de alimentos impagadas, desde el requerimiento inicial hasta la ejecución, los embargos y los trámites ante el Estado.

Primer paso, verificar que existe un título que pueda ejecutarse

Para reclamar por la vía judicial es imprescindible contar con una resolución que fije la pensión. Puede tratarse de una sentencia de divorcio o de medidas paternofiliales, de un auto, de un convenio regulador aprobado judicialmente o, si el divorcio se tramitó ante notario, de la escritura pública que recoge el convenio. Un acuerdo verbal o un documento privado no pueden ejecutarse.

Si no existe resolución alguna, el primer paso es solicitar al juzgado que fije la pensión. Los alimentos se reclaman, con carácter general, desde la fecha de la demanda, por lo que conviene presentarla cuanto antes.

Se considera impago no abonar la pensión, abonarla por una cantidad inferior a la fijada, incurrir en retrasos reiterados o negarse a asumir la parte de los gastos extraordinarios que establece la resolución. Ningún progenitor puede, por otra parte, descontar unilateralmente cantidades por otros motivos, como las visitas, los gastos que haya adelantado o una discrepancia sobre la custodia.

Reunir la documentación antes de actuar

Contar con una documentación completa agiliza la demanda y permite al juzgado actuar antes sobre el patrimonio del deudor. Conviene reunir lo siguiente.

• Copia de la sentencia, el auto o el convenio, con la cuantía de la pensión y el sistema de actualización
• Extractos bancarios que acrediten los pagos recibidos o su ausencia
• Comunicaciones escritas, como mensajes o correos electrónicos, en las que el deudor reconozca el impago u ofrezca explicaciones
• Un cuadro con las mensualidades adeudadas, actualizadas por IPC si el convenio lo prevé
• Justificantes de los gastos extraordinarios no abonados, médicos o educativos, cuando la resolución los reparte

Enviar un requerimiento de pago por burofax

Aunque no es obligatorio para presentar la demanda, resulta muy recomendable. El burofax deja constancia de la fecha del requerimiento, de las cantidades exigidas y del conocimiento que el deudor tenía del impago, circunstancia que además resulta relevante si posteriormente se acude a la vía penal. Se aconseja otorgar un plazo breve, de cinco a diez días, para el pago. En numerosos casos, un requerimiento formal redactado por un abogado es suficiente para que el deudor regularice la situación.

Presentar la demanda de ejecución de la sentencia

Si el deudor no paga tras el requerimiento, el siguiente paso es la demanda de ejecución. Se presenta ante el juzgado competente, normalmente el que dictó la resolución, y exige la intervención de abogado y procurador. Basta con identificar el título y las mensualidades adeudadas. No es necesario un nuevo juicio, porque ya existe una resolución que obliga al pago.

Admitida la demanda, el juzgado despacha la ejecución y puede investigar el patrimonio del deudor mediante consultas a la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, las entidades bancarias y los registros de bienes. Si el impago continúa, la ejecución puede ampliarse por las nuevas mensualidades sin necesidad de iniciar un procedimiento distinto. Nuestra área de ejecución de sentencias y acuerdos gestiona este procedimiento en todas sus fases.

Conviene no demorarse. Las pensiones impagadas prescriben a los cinco años, contados desde el vencimiento de cada mensualidad, de modo que las más antiguas se pierden con el transcurso del tiempo.

Qué bienes pueden embargarse

Conviene conocer un aspecto que suele pasar desapercibido. Con carácter general, el sueldo o la pensión no pueden embargarse por debajo del salario mínimo interprofesional. Esa protección no rige, sin embargo, cuando la deuda es de alimentos, de modo que el juez puede ordenar retenciones incluso sobre esa parte. Es el propio juez quien fija, atendidas las circunstancias del caso, la cantidad que se retiene cada mes.

Además del sueldo o la pensión, pueden embargarse los siguientes bienes.

• Cuentas bancarias y depósitos
• Devoluciones de la Agencia Tributaria
• Vehículos e inmuebles, que pueden acabar subastándose
• Facturas pendientes de cobro y otros créditos, si el deudor es autónomo o tiene un negocio

Cuándo el impago de la pensión constituye delito

El artículo 227 del Código Penal sanciona a quien deja de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos la prestación económica fijada a favor de los hijos o del cónyuge. La pena es de prisión de tres meses a un año o de multa de seis a veinticuatro meses, sin perjuicio de la obligación de abonar lo adeudado.

Los tribunales exigen que el impago sea voluntario, es decir, que el deudor disponga de medios para pagar y no lo haga. Si acredita una carencia real de recursos, no existe delito, aunque la deuda civil subsiste. La denuncia puede presentarse ante el juzgado de guardia, la Policía o la Fiscalía. La vía penal no excluye la ejecución civil, si bien conviene coordinar ambas actuaciones para que ninguna perjudique a la otra.

Si no se consigue cobrar, solicitar el anticipo del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos

Cuando la ejecución no permite cobrar, el Estado puede adelantar la pensión. El Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, ha reforzado el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos. La cuantía máxima del anticipo pasa de 100 a 300 euros mensuales por hijo, con efectos desde el 1 de noviembre, y se suprime el límite de 18 meses, de modo que el anticipo se mantiene mientras subsista la obligación de alimentos. Quienes ya percibían el anticipo ven revisada su cuantía de oficio, sin necesidad de presentar una nueva solicitud.

Los requisitos principales son los siguientes.

• Que los alimentos de un hijo menor de edad, o mayor con una discapacidad igual o superior al 65%, estén reconocidos en una resolución de un tribunal español o en un convenio aprobado judicialmente y se encuentren impagados
• Que se haya instado la ejecución sin lograr el cobro, extremo que se acredita con una certificación del juzgado sobre el resultado infructuoso
• Que los ingresos de la unidad familiar no superen el límite legal, que se calcula multiplicando el salario mínimo interprofesional por un coeficiente que aumenta con cada hijo, 1,75 con un hijo, 2 con dos hijos y así sucesivamente

La solicitud corresponde a quien ostenta la guarda y custodia y se presenta ante el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Los efectos económicos se producen desde el primer día del mes siguiente al de la solicitud. Existe además un procedimiento de urgencia, con un plazo de resolución más breve, para familias con ingresos muy reducidos y para víctimas de violencia de género, en el que basta acreditar que se instó la ejecución y que han transcurrido dos meses sin cobrar.

Debe tenerse presente que el anticipo no libera al deudor. El Estado se subroga en el derecho de los hijos y reclama posteriormente al progenitor moroso las cantidades adelantadas, incluso mediante apremio a través de la Agencia Tributaria.

Acreditar el impago ante el SEPE y otras Administraciones

El impago de la pensión tiene efectos también fuera del juzgado. Quien solicita una prestación por desempleo debe acreditar los hijos a su cargo, y la pensión de alimentos fijada en sentencia se computa, con carácter general, como renta de los hijos para verificar el requisito de hijos a cargo en la prestación contributiva o el de responsabilidades familiares en el subsidio.

Cuando la pensión no se está pagando, el SEPE exige que el impago conste en un pronunciamiento judicial, bien porque la resolución refleje el impago, bien porque declare que no es posible ejecutar la sentencia. Para ello es necesario haber ejercitado previamente la acción civil o la penal. Una vez acreditado así, el importe de la pensión no se considera renta de los hijos a estos efectos, por lo que conviene instar la ejecución cuanto antes y conservar las resoluciones que recojan el impago.

Qué no debe hacerse

Existen errores frecuentes que debilitan la posición del progenitor acreedor.

• Impedir las visitas como represalia por el impago, ya que el régimen de visitas y la pensión son obligaciones independientes y obstaculizarlo puede acarrear consecuencias legales
• Aceptar pagos en efectivo sin justificante o sin dejar constancia de la mensualidad a la que corresponden
• Firmar un documento de renuncia a los atrasos sin que un abogado valore sus consecuencias
• Demorar la reclamación hasta que se acumulen años de deuda, porque las mensualidades más antiguas prescriben

Tampoco debe darse por hecho que la custodia compartida elimina la obligación de pago. Aunque el reparto de tiempos influye, la pensión puede mantenerse cuando existe diferencia de ingresos entre los progenitores, como se explica en nuestro artículo sobre la custodia compartida.

Cuando es el obligado quien no puede pagar

Si el obligado al pago ha visto empeorar su situación económica, no debe suspender el pago por iniciativa propia. Lo procedente es solicitar al juzgado la modificación de medidas, porque mientras no exista una nueva resolución la pensión fijada sigue siendo exigible y el impago puede derivar en embargos o en una denuncia.

Por qué conviene contar con un abogado en la reclamación

La reclamación de una pensión impagada puede parecer un trámite sencillo, pero incorpora decisiones técnicas que influyen directamente en el resultado y en los plazos. La asistencia de un abogado especializado en Derecho de Familia resulta aconsejable desde el primer requerimiento y es obligatoria en la fase judicial, por las siguientes razones.

• La demanda de ejecución exige la intervención de abogado y procurador
• El abogado orienta sobre los bienes en los que conviene solicitar el embargo y puede pedir la investigación patrimonial desde el inicio
• Permite coordinar la vía civil y la penal sin que se perjudiquen entre sí
• Prepara la documentación del Fondo de Garantía, entre ella la certificación del resultado infructuoso de la ejecución, y evita denegaciones por defectos formales
• Evita errores que comprometen la reclamación, como renuncias involuntarias o la prescripción de mensualidades

Cada caso presenta particularidades, por lo que la primera valoración debe realizarse con la resolución judicial a la vista. En EG Servicios Jurídicos analizamos la documentación, cuantificamos la deuda y proponemos la estrategia más adecuada para cobrar cuanto antes.