La Ley Concursal, actualmente regulada por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, tiene como objetivo principal ordenar y unificar el marco jurídico de los procedimientos de insolvencia en España, tanto para personas físicas como jurídicas, en situaciones de dificultad económica o incapacidad para hacer frente a sus obligaciones de pago.
La ley persigue un doble fin: por un lado, la satisfacción de los acreedores mediante la liquidación ordenada o reestructuración de la deuda; y, por otro, la posibilidad de que el deudor, si es viable, pueda continuar su actividad o reestructurar sus finanzas. Uno de los aspectos destacados de la ley es la regulación del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (conocido como “segunda oportunidad”), que permite a los deudores personas físicas liberarse de ciertas deudas tras el procedimiento concursal, sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos.
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