Principio jurídico fundamental que estipula que las normas tienen efecto hacia el futuro desde su entrada en vigor, sin afectar situaciones anteriores a su promulgación. Este principio se fundamenta en la seguridad jurídica y la confianza legítima, pilares esenciales del Estado de Derecho, y busca proteger los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas antes de la introducción de una nueva norma.
En el ordenamiento jurídico español, el principio de irretroactividad está explícitamente recogido en el artículo 9.3 de la Constitución Española de 1978, que asegura la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Asimismo, el Código Civil, en su artículo 2.3, establece que las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario.
Este principio no es absoluto y admite excepciones. La aplicación del principio de irretroactividad requiere un equilibrio entre la necesidad de innovar y adaptar el ordenamiento jurídico a nuevas realidades sociales, económicas y políticas, y la protección de las situaciones jurídicas ya consolidadas. Los tribunales juegan un papel crucial en este equilibrio, interpretando y aplicando el principio de irretroactividad en cada caso concreto, garantizando así la justicia y la equidad en la aplicación de la ley.
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