El Decreto-ley es una norma con rango de ley que el Gobierno de España puede dictar en situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Española. Este tipo de norma permite al Ejecutivo legislar de manera rápida y directa en circunstancias excepcionales que requieren una intervención inmediata, sin necesidad de pasar inicialmente por el proceso legislativo ordinario en las Cortes Generales.
El Decreto-ley tiene carácter provisional y debe ser sometido a debate y votación en el Congreso de los Diputados en un plazo máximo de treinta días desde su promulgación, con el fin de que este decida si lo convalida o lo rechaza. En caso de ser convalidado, el Decreto-ley mantiene su vigencia y fuerza de ley, aunque el Congreso puede optar por tramitarlo como proyecto de ley para introducirle modificaciones.
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